Myanmar

Unión de Myanmar

Jefe del Estado: general Than Shwe
Jefe del gobierno: general Soe Win
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Últimos acontecimientos de 2007

Protestas masivas

Desde el 21 de septiembre de 2007 se han intensificado las protestas pacíficas masivas en todo el país, motivadas por el drástico aumento del precio de los combustibles en agosto, que a su vez ha afectado al acceso de la población a los alimentos y las necesidades básicas.

La población laica y la comunidad religiosa, lideradas por monjes budistas, han salido a la calle para protestar contra el gobierno y para reclamar una reducción de los precios de los artículos de consumo, la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos y un proceso de reconciliación nacional. Las manifestaciones, que comenzaron el 21 de septiembre de 2007, aumentaron en número considerablemente; las cifras oscilan entre 10.000 y 100.000. No se celebraban manifestaciones de esta envergadura desde las protestas que tuvieron lugar en todo el país en 1988, que las autoridades reprimieron violentamente y en las que murieron unos 3.000 manifestantes pacíficos.

El 25 de septiembre de 2007 por la tarde, las autoridades iniciaron una campaña de represión contra los manifestantes, impusieron un toque de queda de 60 días entre las nueve de la noche y las cinco de la madrugada y lanzaron advertencias públicas de que se emprenderían acciones judiciales contra quienes se manifestaran. Posteriormente fueron detenidas al menos 700 personas en la anterior capital, Yangón, así como en la segunda ciudad más grande, Madalay, y en otros lugares del país. Entre las personas detenidas en Yangón había monjes, miembros del Parlamento pertenecientes a la Liga Nacional para la Democracia (LND) –principal partido de la oposición–, integrantes de la LND y otras figuras públicas. Amnistía Internacional cree que tanto estas como otras personas detenidas corren un grave riesgo de sufrir tortura o malos tratos.

Todavía no se conoce el alcance total de la represión. La televisión estatal ha informado de que al menos nueve personas –ocho manifestantes y un periodista japonés– perdieron la vida durante la represión de las protestas. Se cree de forma generalizada que la cifra real de víctimas mortales es mayor. Según informes, cientos de personas resultaron heridas.

Se han bloqueado sitios web y blogs que contenían información y fotografías de las manifestaciones, y se han interrumipido las conexiones de Internet. Según los informes, también se han cortado las líneas telefónicas y se han bloqueado las señales de los teléfonos móviles de prominentes activistas y disidentes. El 26 de septiembre de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió esta crisis y, al día siguiente, las autoridades de Myanmar aceptaron el envío de una misión al país encabezada por el representante especial del secretario general de la ONU Ibrahim Gambari.

Detención de disidentes

En agosto de 2007, al inicio de las protestas, agentes de policía y miembros de la Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (organización auspiciada por el Estado) detuvieron a más de 150 manifestantes. Se han recibido informes de palizas e intimidación a manos de integrantes de la Asociación y otras fuerzas paramilitares. Entre las personas detenidas figuraban algunos dirigentes del Grupo de Estudiantes Generación del 88. Al igual que ocurre con otros disidentes políticos detenidos, estas personas corrían un grave riesgo de sufrir tortura u otra forma de malos tratos.

Convención Nacional

El lunes 3 de septiembre de 2007, tras 14 años de debates para la redacción de una carta magna, el gobierno dio por concluida la Convención Nacional adoptando el proyecto de principios que regirán la nueva constitución. Este proceso excluyó a muchos grupos políticos relevantes y se llevó a cabo en virtud de leyes que tipificaban como delito las críticas a la constitución en vigor. Según los proyectos que han aparecido en medios de comunicación estatales, parece que la primacía de las fuerzas armadas quedará asegurada y perpetuada. En el clima de crecientes protestas, las autoridades no han hecho público ningún calendario sobre cuáles serán las próximas medidas en su «camino hacia la democracia», que incluye la redacción propiamente dicha de la nueva constitución y la celebración de elecciones destinadas a construir, en un futuro, una democracia pluripartidista.

Riesgos para los defensores y defensoras de derechos humanos, los activistas sociales y los miembros de los partidos de la oposición

Los disidentes y los activistas continuaban actuando expuestos a un alto riesgo. La práctica del gobierno de contratar delincuentes para sofocar la disidencia quedó consolidada en las respuestas más recientes del Estado a las protestas.

Durante 2007 se recurrió a bandas de delincuentes, muy probablemente dirigidas por la Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, organización de masas, para atacar a varias personas defensoras de los derechos humanos. En algunos casos, también se tuvo noticia de que, entre quienes perpetraban u organizaban los ataques, había agentes de policía y funcionarios del Estado. Se provocaba un disturbio, tras lo cual la policía y las autoridades locales se presentaban en el lugar y acusaban a las víctimas de haber causado el tumulto. A continuación podía hacerse uso de los tribunales para presentar cargos contra las víctimas de la violencia.

• El 18 de abril de 2007, varios activistas fueron atacados, según informes, en el pueblo de Oatpone, en Hinthada, división de Ayeyarwady, tras llevar a cabo actividades destinadas a sensibilizar a la población sobre las normas de derechos humanos. Es generalizada la opinión de que fueron las autoridades las que orquestaron el ataque. A finales de julio, uno de los activistas y algunos habitantes de la localidad que se vieron afectados por el incidente fueron condenados a entre 4 y 8 años de prisión por delitos relacionados con incitar a los disturbios y provocar inestabilidad. En abril de 2007, tras el ataque, Amnistía Internacional emitió una declaración y emprendió una acción de campaña en favor de estas personas.

• El 1 de mayo de 2007, un grupo de defensores de los derechos de los trabajadores que organizaban debates con motivo del Día Internacional del Trabajo fueron detenidos ilegalmente en Yangón por individuos no identificados sin uniformar (probablemente pertenecientes a la Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión y a bandas organizadas por el gobierno). Fueron trasladados en camionetas Dyna y otros medios de transporte a un centro especial de interrogatorio. Desde entonces, se han empleado tales métodos de «detención» durante las actuales protestas contra la subida que se produjo en el precio de los combustibles el 15 de agosto de 2007. De las 33 personas detenidas en un principio, se ha retenido y acusado formalmente a seis. Éstas comparecieron el 7 de septiembre en una prisión ante un tribunal especial, que las declaró culpables de sedición y organización ilícita, y les impuso penas que oscilan entre los 20 y 28 años de prisión. Puesto que los abogados de las seis personas acusadas habían renunciado previamente a representarlas debido al constante hostigamiento a que fueron sometidos por los funcionarios de la prisión, no está claro si los seis acusados tendrán ocasión de presentar recursos contra las condenas o cómo podrán hacerlo.

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo sigue sin cooperar con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluso negando la entrada en el país al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. Al Comité Internacional de la Cruz Roja también se le sigue negando el acceso a las personas privadas de libertad en Myanmar.

Artículo del Informe 2007 de Amnistía Internacional

La situación de los derechos humanos empeoró a lo largo del año, al intensificar las autoridades la represión contra la oposición política, tanto pacífica como armada, en todo el país. El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó a Myanmar en su programa de trabajo oficial. Durante las actividades militares realizadas en el estado de Kayin y la división de Bago se cometieron violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos, que posiblemente constituían crímenes contra la humanidad. A la vez que las autoridades continuaban con los planes para redactar una nueva Constitución, los activistas eran objeto de presiones para que abandonasen los partidos políticos. A lo largo del año continuaron produciéndose decenas de detenciones de personas que participaban en actividades políticas pacíficas o ejercían de otro modo y sin violencia el derecho a la libertad de expresión y asociación. Al finalizar el año, la mayor parte de las principales figuras de la oposición estaban encarceladas o en detención administrativa, contándose entre las más de 1.185 personas recluidas por motivos políticos en condiciones carcelarias cada vez peores. Al menos dos personas fueron condenadas a muerte.

Información general

La Convención Nacional, encargada de redactar los principios de una nueva Constitución, finalizó su periodo de sesiones en enero y volvió a reunirse en octubre, sin la participación de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el principal partido de la oposición. Continuó vigente la legislación que tipificaba como delito los comentarios adversos a la Constitución, y los delegados vieron restringida la posibilidad de mantener un debate abierto. Las autoridades anunciaron que la mayor parte de las decisiones sobre los principios que regirían la Constitución ya se habían tomado, incluidas las relativas a aspectos relacionados con la función del ejército y con los derechos y deberes de la ciudadanía.

Novedades en el ámbito internacional

El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó a Myanmar en su programa de trabajo oficial en septiembre. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato del relator especial, al que se le continuó negando la entrada en el país. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos visitó Myanmar en mayo y noviembre.

Miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) manifestaron su descontento por la lentitud con que se realizaban las reformas en Myanmar e hicieron nuevos llamamientos para la excarcelación de los presos políticos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó su honda preocupación por la falta de avances por parte de las autoridades sobre la cuestión del trabajo forzoso. La Comisión Europea inició un nuevo programa de ayuda humanitaria para tratar el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria.

Crímenes contra la humanidad

Se intensificaron las operaciones militares contra la Unión Nacional Karen en el este del estado de Kayin (Karen) y en los distritos vecinos. Más de 16.000 personas fueron desplazadas por el conflicto. Los habitantes de la zona informaron de la comisión sistemática y generalizada de actos que constituían violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos, a una escala equivalente a crímenes contra la humanidad. Aumentaron la destrucción de casas y cosechas, las desapariciones forzadas, el trabajo forzoso, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de civiles karen. Muchas personas sufrieron escasez de alimentos al prohibirles las autoridades salir de sus poblados para cultivar o comprar comida. También aumentó la utilización de minas terrestres, tanto por parte del brazo armado de la Unión Nacional Karen como de las fuerzas militares regulares (tatmadaw). Otras violaciones fueron actos de castigo colectivo, como los cortes prolongados de los puntos de acceso a las poblaciones y otras restricciones a la libertad de circulación, la quema de pueblos enteros y el homicidio del jefe de un pueblo y otros civiles que, según los informes, se produjo en febrero en el norte del estado de Kayin. En otras zonas hubo escaramuzas entre el Ejército del Estado de Shan-Sur y el ejército de Myanmar que causaron la muerte de civiles.

Trabajo forzoso

A lo largo del año se recibieron informes de la práctica generalizada del trabajo forzoso en los estados de Kayin, Mon, Rajine y Kachin y en la división de Bago. Según los informes, a los presos y presas se les exigió cada vez más que hiciesen de porteadores del ejército y fueron objeto de tortura y otros malos tratos. Según los informes recibidos, algunos presos porteadores que intentaron escapar fueron víctimas de homicidio. La OIT expresó su preocupación porque el hecho de que las autoridades amenazasen constantemente con emprender acciones legales contra quienes presentasen denuncias de trabajo forzoso «falsas» representaba un importante obstáculo a la hora de establecer una colaboración para abordar esta cuestión. En respuesta a las peticiones concretas de la OIT, al finalizar el año las autoridades habían puesto en libertad a dos personas encarceladas en relación con la denuncia de casos de trabajo forzoso y habían anulado el procesamiento de otras. En julio se prometió suspender durante seis meses el procesamiento de las personas que presentasen denuncias sobre trabajos forzosos.

Personas detenidas por motivos políticos

Los juicios políticos se realizaron conforme a leyes que tipificaban como delito el ejercicio pacífico de los derechos humanos y en procesos que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Se produjeron detenciones sin orden judicial y a los acusados se les negó el derecho a recibir asistencia letrada o asesoramiento de su elección. Los detenidos estaban recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos.

Los ex dirigentes estudiantiles y presos de conciencia Htay Kywe, Ko Ko Gyi, Paw U Tun, Min Zeya y Pyone Cho fueron detenidos a finales de septiembre y permanecieron recluidos en régimen de incomunicación hasta el final del año. Las autoridades afirmaron que se tomaban estas medidas para «prevenir la insurgencia».

U Aung Thein, de 77 años y miembro del Comité Central de la LND, fue detenido junto con otras tres personas en abril; los cuatro fueron condenados en julio a 20 años de cárcel. Se dijo que U Aung Thein había «confesado» tener un teléfono vía satélite que utilizaba para hablar con dirigentes de la LND que se encontraban fuera del país.

Según los informes, Win Ko, miembro de la LND de la división de Bago, fue condenado a tres años de cárcel en octubre por recoger firmas pidiendo la liberación de dirigentes políticos detenidos. Fue acusado de vender billetes de lotería ilegales.

Los refugiados Chit Thein Tun y Maung Maung Oo fueron secuestrados en India y trasladados a Myanmar por un grupo armado desconocido. Tras ser entregados a las autoridades de Myanmar y torturados mientras permanecían recluidos en régimen de incomunicación, fueron condenados a muerte en un juicio secreto, acusados de hacer explotar una bomba en la frontera entre India y Myanmar.

Se prorrogó por el periodo máximo de un año la detención de los presos de conciencia y destacados dirigentes de la LND Daw Aung San Suu Kyi, U Tin Oo, Daw May Win Myint y el doctor Than Nyein, recluidos sin cargos ni juicio. Estas dos últimas personas llevaban recluidas desde octubre de 1997 y permanecían en esa situación a pesar de que ya habían cumplido su condena de siete años de prisión. Daw Aung San Suu Kyi permaneció recluida en un aislamiento cada vez mayor y sólo se le permitió recibir visitas, poco frecuentes, de su médico.

Excarcelaciones

Algunas personas quedaron en libertad durante 2006.

En junio y julio fueron excarcelados un defensor y una defensora de los derechos humanos, el abogado U Aye Myint y Su Su Nwe, encarcelados en octubre de 2005 tras ser condenados a 7 años y 18 meses de cárcel respectivamente por denunciar casos de trabajo forzoso y confiscación de tierras por parte de las autoridades locales.

Se levantó el arresto domiciliario contra U Shwe Ohn, escritor octogenario y destacada figura política shan, tras el vencimiento de su orden de detención en febrero.

Al menos dos miembros de la Unión Nacional Karen quedaron en libertad en septiembre y octubre; se encontraban en un estado precario de salud y habían permanecido recluidos desde comienzos de la década de los ochenta.

Condiciones de reclusión

Las condiciones carcelarias, ya de por sí deficientes, empeoraron durante el año. Las autoridades impusieron nuevas restricciones sobre la cantidad de alimentos que los presos y las presas podían recibir de sus familiares, y redujeron el presupuesto para alimentos asignado a las autoridades penitenciarias. Se recibieron informes sobre escasez de servicios médicos en las prisiones. En enero se suspendieron las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tras negarse el Comité a aceptar la condición de que sus representantes estuvieran acompañados por miembros de organismos pertenecientes al gobierno. En parte como consecuencia de las deficientes condiciones carcelarias, muchos presos de conciencia tenían problemas de salud, incluido Than Nyein, médico y parlamentario electo de la LND, que sufría una enfermedad hepática y otras dolencias.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron con frecuencia informes sobre tortura y otras formas de malos tratos infligidos durante los interrogatorios y el periodo de detención preventiva. Al parecer, la tortura en las prisiones aumentó. Los intentos de los familiares de obtener un resarcimiento fueron recibidos con resistencia, hostigamiento y presiones por parte de las autoridades para que retiraran las denuncias.

En marzo, Ko Thet Naing Oo, ex preso político, sufrió una brutal paliza a manos de agentes de policía y miembros del cuerpo de bomberos en Yangón y murió el mismo día.

Muertes bajo custodia

Al menos seis presos políticos murieron en prisión. Al parecer, la tortura, una alimentación deficiente y un tratamiento médico inadecuado contribuyeron a su muerte. Muchos de ellos habían permanecido recluidos en prisiones alejadas de sus familias, privándolos de las medicinas y los alimentos necesarios.

Thet Win Aung, activista estudiantil y preso de conciencia de 35 años, murió en la prisión de Mandalay en octubre. Había sido torturado durante su detención, en 1998, y cumplía una pena de 59 años de cárcel. Había sufrido numerosas dolencias en prisión, incluida la malaria y una enfermedad mental, y había permanecido recluido en régimen de aislamiento durante periodos prolongados.

Libertad de expresión, reunión pacífica y asociación

Se siguió aplicando con rigor la legislación que restringía el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Continuó restringiéndose el acceso a Internet. El gobierno bloqueó numerosos sitios web y, periódicamente, también los servicios gratuitos de correo electrónico de Internet.

Desde abril, miembros y simpatizantes de la LND y de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia fueron objeto de hostigamiento y amenazas. Se interrumpía el desarrollo de las reuniones, y la prensa controlada por el Estado denunció y amenazó a la LND con regularidad, acusándola de conspirar para instigar disturbios en el país. Según información aparecida en la prensa oficial, al concluir el año habían dimitido cientos de miembros de la LND.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaraciones

• Myanmar: Human rights violations continue in the name of national security (Índice AI: ASA 16/002/2006)

• Myanmar: El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas (Índice AI: ASA 16/007/2006)

• Myanmar: Muere en prisión el preso de conciencia Ko Thet Win Aung (Índice AI: ASA 16/015/2006)